V.9. TRIBUNAL SUPREMO. PENAL.

Sala Segunda.

Sentencia núm. 90/1997, de 1 de febrero de 1997.

Ponente: D. Ramón Montero Fernández-Cid.

Materia: AGUAS CONTINENTALES. DELITO ECOLÓGICO. RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS. VERTIDOS.

CONTENIDO

HECHOS

La Sentencia de la Audiencia de Barcelona, Sección Octava, de 6-6-1995 condenó al acusado José P. S. como autor de un delito continuado contra el medio ambiente, a la pena de cuatro años y dos meses de prisión menor y multa de 9.500.000 ptas. con arresto sustitutorio de seis días en caso de impago.
Contra la anterior RESOLUCIÓN recurrieron en casación, núm. 2545/1995, el acusado y el Ministerio Fiscal alegando los motivos que se estudian en los fundamentos de derecho.
El TS declara haber lugar al recurso y dicta segunda sentencia en la que mantiene todos los pronunciamientos del Tribunal de instancia a excepción de sustituir la multa impuesta por la 7.500.000 ptas. con igual arresto sustitutorio.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I) Recurso del acusado
A) Motivo del recurso.
PRIMERO.-El motivo primero tiene sede procesal en el artículo 850.1.º de la LECrim y en realidad alega lo mismo que el motivo segundo, procesalmente residenciado en el artículo 5.4 de la LOPJ y que alega la vulneración del artículo 24 de la CE, por cuanto en ambos casos se alega la indefensión resultante de haber denegado, sin motivación suficiente, la prueba pericial propuesta por Auto de 13 octubre 1994. Antes de examinar particularizadamente ambos motivos conviene recordar, con carácter general, que el derecho a la prueba no es un derecho absoluto o incondicionado, aunque marque el punto máximo de tensión si se deniega con la producción de la indefensión y así viene subrayado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otras, en las SS. 7 julio 1989 (Caso Bricmont), 20 noviembre 1989 (Caso Kotovski), 27 septiembre 1990 (Caso Windisch) y 19 diciembre 1990 (Caso Delta); por el Tribunal Constitucional (Sentencias, entre muchas, 51/1985, de 10 abril, 89/1986, de 1 julio, y 158/1989, de 5 octubre) y por la de esta Sala (Sentencias, asimismo entre muchas, de 5 mayo 1987, 2 marzo 1988, 9 junio 1989 y 15 febrero y 13 marzo 1990). La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SS. 116/1983, de 7 diciembre, 51/1985, de 10 abril, y 89/1986, de 1 julio) señala en este sentido que no se produce la vulneración del derecho fundamental cuando la prueba es rechazada, aun siendo pertinente, porque su contenido carece de capacidad para alterar el resultado de la RESOLUCIÓN final cuando por las demás pruebas existentes sobre los mismos HECHOS el punto concreto de que se trata se halla sobradamente acreditado, es decir, porque la omisión del medio propuesto en ningún caso podría tener influencia en el CONTENIDO del FALLO. En similar sentido, también la jurisprudencia de esta Sala (SS. 5 mayo 1987 y 13 marzo 1990, 203/1992, de 20 enero, 1593/1992, de 6 julio, 617/1993, de 23 marzo, 2199/1993, de 11 octubre, 2959/1993, de 30 diciembre, 613/1994, de 21 marzo, 1092/1994, de 27 mayo, 336/1995, de 10 marzo, y 611/1995, de 5 mayo); pues, en definitiva, la indefensión sólo existe cuando se priva al justiciable de alguno de los instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a su alcance para la defensa de sus derechos con el consiguiente perjuicio (Sentencias del Tribunal Constitucional, entre muchas, 145/1990], 106/1993 y 366/1993), al producirse un menoscabo real y efectivo del derecho de defensa (SSTC 149/1987, 155/1988 y 290/1993 y SSTS 168/1995, de 14 febrero, 225/1995, de 21 febrero, 48/1996, de 29 enero y 276/1996, de 2 abril).
Partiendo de la anterior doctrina procede la desestimación de ambos motivos. A nada útil hubiera conducido la práctica de tales pruebas de análisis en el momento en que fueron solicitadas dado que lo fueron cuatro años después de haberse realizado el análisis cuestionado y por ello nada aportarían defensivamente para cambiar el sentido último de la decisión; por lo que sin precisión de insistencias fundamentadoras que serían meras reiteraciones procede, según se señaló, la desestimación de ambos motivos.
SEGUNDO.-El motivo tercero del recurso es también por quebrantamiento de forma y se apoya procesalmente en el inciso primero del artículo 851.1.º de la LECrim, alegando la existencia del vicio sentencial de falta de claridad en el relato fáctico, que cree existente en el párrafo del mismo expresivo de que «Las sustancias mencionadas, sólidos en suspensión, cloruros, amoníaco, sulfatos, así como las elevadas DBO y DQO, son elementos contaminantes y altamente tóxicos para la salud de las personas y el Medio Ambiente y que vertidos, como en el caso de autos, con depuración nula e insuficiente a los cauces públicos, Riera de la Tuta, Río Sorreig y condiciones de la vida animal, vegetal y en general a los ecosistemas naturales de los ríos afectados por el vertido». Conviene recordar también antes de analizar el motivo que, según expresa la reciente STS 892/1996, de 23 noviembre, la motivación de la sentencia penal es una estructura, es decir una totalidad que se hace dinámica y particularmente solidaria; una totalidad tal de elementos que éstos, por su interacción, son solidarios en cuanto que la variación de uno cualquiera de ellos repercute sobre los otros y por tanto sobre la totalidad; y es, además, por esto, por lo que cada uno de los elementos tiene sentido; o un sistema en el que cada nota repercute en una u otra forma y en una u otra medida sobre las demás; pero esta repercusión no constituye el sistema, sino que es una consecuencia de él: toda nota repercute sobre las demás precisamente porque está formando sistema con ellas: En lo que consiste formalmente la concatenación de notas interdependientes es en la «posición de cada nota respecto de todas las demás»; y dentro de esta estructura o sistema motivador debe destacarse la importancia que tiene la fijación del hecho, que en cuanto objeto del proceso penal, es el conjunto de los requisitos mínimos que concurren a perfilar en un plano histórico un cierto acaecer que encuentra dentro de sí los extremos mínimos previstos en una hipótesis normativa. (Por todas, SSTS 2055/1992, de 6 octubre; 107/1993, de 20 enero; 2477/1993, de 8 noviembre; 813/1994, de 22 abril; 1405/1994, de 7 julio; 1857/1994, de 17 octubre, y 508/1996, de 13 julio).
A partir de tal doctrina general el motivo que se examina debe ser rechazado. Cierto es que en el pasaje transcrito del relato se ha omitido un sintagma, que podría ser que la forma en que se realizaron los vertidos, ya descrita había dañado los ecosistemas naturales de los ríos afectados; pero sin embargo, ello no es suficiente para estimar existente el vicio que se examina pues de todo el contexto de la narración histórica se deduce qué es lo que aquélla había querido expresar y obviamente dicho relato fáctico contiene de modo efectivo los datos precisos para la subsunción; por lo que procede la desestimación del motivo.
TERCERO.-El motivo cuarto del recurso se apoya procesalmente en el inciso segundo del art. 851.1.º de la LECrim, y alega la existencia de contradicción que cree existe en el párrafo del relato expresivo de que «La empresa "Puignero, SA", fue inscrita en los Serveis Territorials d'Indústria de Catalunya con fecha 27 de marzo de 1986, rechazándose dicha inscripción en base a la Licencia de Actividades Industriales otorgadas por el Ayuntamiento de Sant Bartomeu del Grau con fecha 28 de marzo de 1985».
También ahora conviene antes de examinar el motivo recordar que el vicio sentencial de contradicción se caracteriza con arreglo a reiterada doctrina de esta Sala (por todas SSTS 20 septiembre 1984, 2 abril 1985, 6 junio 1986 y las recientes 761/1994, de 6 abril, 1123/1995, de 15 noviembre, 330/1996, de 15 abril, y 595/1996, de 28 septiembre) que son requisitos necesarios para que exista el vicio sentencial de contradicción previsto en el inciso segundo del artículo 851.1.º de la LECrim, los siguientes: a) que sea manifiesta y absoluta en el más amplio sentido gramatical de tales conceptos, lo que requiere significar jurídicamente que no sólo sea ostensible, sino también insubsanable, insoslayable y, sobre todo, incompatible con la integridad del relato histórico, con recíproca exclusión entre las distintas manifestaciones; b) que como interna emane directa e inmediatamente de los propios términos en que aparezca la relación fáctica, confrontando los distintos vocablos, incisos, expresiones o pasajes internos en la misma; c) que sea completa, afectando la incompatibilidad a los HECHOS y sus circunstancias, y, por ende, a la calificación jurídica, los grados de participación o ejecución y a cuantas circunstancias determinen la responsabilidad penal o civil; d) que sea causal, o lo que es lo mismo, determinante de una advertible incongruencia, dada la relación directa entre el vicio procesal y el FALLO final de la sentencia; e) que las frases o expresiones contradictorias, por afectar a circunstancias esenciales de la cuestión controvertida y de la misma RESOLUCIÓN, sean imprescindibles a la resultancia probatoria, de tal forma que su supresión propiciare la inexpresión, la incomprensión a la falta de claridad de aquélla, siendo inocua la «contradictio» cuando su objeto aparezca intrascendente en el caso examinado, no influyendo en la determinación de la infracción criminal ni en la responsabilidad en juego de los sujetos encausados.
La aplicación de la doctrina referida conduce a la desestimación del motivo pues la contradicción es sólo aparente, ya que sólo existía una autorización provisional de fecha 4 de octubre de 1984 de la Comisión de Aguas del Pirineo Oriental en el expediente de vertido núm. U-18/1992. Dicha autorización provisional se basaba entre otras condiciones para obtener la definitiva autorización administrativa de vertido: 1) Construcción de una estación depuradora, ya que la existente desde 1979 era insuficiente para su cometido; 2) Ajuste de vertido depurado de la misma a los siguientes límites de contaminación Materias (sólidos) en suspensión: Menor de 30 ppm (%mg/l), Materias sedimentables: menor de 0,1 ppm (=mg/l), demanda biológica de oxígeno (DBO): menor de 20 ppm (=mg/l); 3) Llevanza de un libro-registro de control de funcionamiento de la depuradora, en el que se reflejan las incidencias de la misma. Y esta subsanación de la aparente contradicción se recoge en la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida y ello conlleva la procedencia de, como ya se indicó, desestimar el motivo.
CUARTO.-El motivo quinto es también por quebrantamiento de forma, al amparo del número 1, en su tercer inciso, del artículo 851 de la LECrim, por haberse consignado en la sentencia recurrida, como HECHOS probados, conceptos que por su carácter jurídico predeterminan el FALLO; predeterminación que cree existente por el párrafo de la sentencia recurrida expresivo de que «En el año 1979 se instaló una deparadora físico-química de la empresa para la depuración de las aguas residuales siendo los límites para el vertido de la misma los fijados en la Autorización Provisional (para los parámetros MSS y DBO) y los fijados en la tabla III del Anexo IV del Reglamento Público Hidráulico de 11 abril 1986. La depuradora de la empresa que desde el año 1989 funcionó sin llevar a cabo el proceso de depuración requerido por la Administración Pública y fijado en la Ley de Aguas y su Reglamento por lo que las aguas residuales nula o insuficientemente depuradas, vertidas a la salida del conector de la Depuradora de la Riera de la Tuta, de ésta al Río Sorreig y de éste al Río Ter han provocado la contaminación de dichos cauces públicos, así como de pozos acuíferos y captaciones de la zona, afectando a los suministros de agua potable, con el correspondiente riesgo para la salud de las personas y animales domésticos que puedan utilizar las aguas contaminadas de dichos acuíferos y que han afectado las condiciones de los cauces públicos y de la vida animal y vegetal y en general de los ecosistemas naturales de Ríos Tuta, Sorreig y Ter.
La encargada de la depuradora de la empresa desde el año 1989 fue la acusada Rosa María S. P. en calidad de responsable de vertidos e Ingeniero Técnico Químico de la empresa.
Las sustancias contaminantes detectadas en los vertidos de aguas residuales de «Puignero, SA» son fundamentalmente sólidos en suspensión cloruros (Cl) amoníaco (NH3), demanda biológica de oxígeno (DBO) y demanda química de oxígeno (DQO).
El acusado incumplió en todo momento la obligación de llevar un libro Registro del funcionamiento de la Depuradora y de realizar análisis periódicos de los contaminantes vertidos.
Las sustancias mencionadas, sólidos en suspensión, cloruros, amoníaco sulfatos, así como las elevadas DBO y DQO, son elementos contaminantes y altamente tóxicos para la salud de las personas y el Medio Ambiente y que vertidos como en el caso de autos, con depuración nula e insuficiente a los cauces públicos, Riera de la Tuta, Río Sorreig y condiciones de la vida animal vegetal y en general a los ecosistemas naturales de los ríos afectados por el vertido.
La actitud del acusado ha sido de incumplimiento de las condiciones y requerimientos efectuados por la Administración Pública, a fin de que adecuaran sus vertidos a los límites legalmente establecidos».
El motivo debe ser desestimado. Una reiterada doctrina jurisprudencial (de las que compendiosas cabe citar las SSTS 190/1994, de 3 febrero, 1304/1995, de 19 diciembre, y 129/1996, de 19 febrero) ha recogido que la predeterminación del FALLO requiere para su estimación: a) Que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado; b) Que tales expresiones sean por lo general asequibles tan sólo para los juristas y no sean compartidas en el uso del lenguaje común; c) Que tengan valor causal respecto al FALLO y d) Que suprimidos tales conceptos jurídicos dejen el hecho histórico sin base alguna -por todas, S. 23 diciembre 1991-. La predeterminación del FALLO precisa pues la utilización de expresiones técnicamente jurídicas y con virtualidad causal respecto al FALLO -SS. 27 febrero y 4 octubre 1982, 14 febrero 1986, 19 febrero y 13 marzo 1987, 26 enero, 13 marzo y 14 abril 1989, 18 septiembre 1991 y 17 enero 1992-. O sea, cuando la descripción del hecho se reemplaza por su significación -SS. 11 marzo y 11 octubre 1989-. En un cierto sentido los HECHOS probados tienen que predeterminar el FALLO, pues si en los mismos se describe una conducta subsumible en un tipo penal, la consecuencia lógica se infiere aunque se describa en la parte dispositiva o FALLO de la sentencia, pero no es éste el sentido, sino que se produce exclusivamente por la utilización en el «factum» de expresiones técnicamente jurídicas que definan y den nombre a la esencia del tipo aplicable y aplicado, expresiones ajenas al gran público y al lenguaje común, con un valor causalista del FALLO, o sea predeterminación eficaz y causal, por lo que si suprimidos tales anómalos conceptos jurídicos incrustados en el relato no dejan el hecho histórico sin base alguna, huérfano de inteligibilidad y sentido, el vicio procesal no existe en aquellos supuestos como el presente en los que los términos suspectos para la parte no pertenecen exclusivamente al lenguaje jurídico sino que también pertenecen al lenguaje ordinario y común y son por ello de fácil asequibilidad para las personas no versadas en materia jurídica.
QUINTO.-El motivo sexto del recurso se articula en base procesal del número 4 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 24.1 y 2 de la Constitución, por haber resultado infringido el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho al Juez predeterminado por la Ley. El desarrollo del motivo considera que se ha producido la vulneración de dicho derecho fundamental porque el Auto de 13 octubre 1994, es dictado no por las mismas personas que el de 6 de marzo de 1995, ya que cambia un magistrado, y luego la sentencia es dictada por otros tres magistrados, que no coinciden exactamente, aunque sí el Ponente de la causa en las tres resoluciones. Dicho motivo debe ser desestimado, ya que nada impide procesal u orgánicamente que dentro de la misma causa se dicten distintas resoluciones del tribunal en las que no existe coincidencia absoluta de los Magistrados que las suscriben, pues tal identidad sólo es precisa con arreglo a reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala entre los magistrados que asisten al juicio oral y los que dictan la sentencia, por obvias razones derivadas del principio de inmediación procesal; pero nada impide que por necesidades del servicio unos magistrados sean sustituidos por otros del mismo tribunal para dictar la RESOLUCIÓN.
SEXTO.-El motivo séptimo se articula al amparo procesal del número 4 del artículo 5 de la LOPJ, en relación con el artículo 24.1 de la CE por haber resultado infringido el derecho constitucional a la defensa, con vulneración del principio acusatorio; alegando que las acusaciones no invocaron como aplicable el artículo 254 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que establece las sustancias potencialmente peligrosas, pero que la Audiencia lo ha aplicado, y considera que ello vulnera el derecho de defensa.
La STS 301/1995, de fecha 3 abril, señala que es cierto que como muchas veces se ha dicho las llamadas «normas penales en blanco» o precisadas de integración por otros sectores normativos no se compadecen en principio con las garantías previstas en los artículos 9.3 y 25.1 de la CE. Sin embargo, lo cierto es que nuestro sistema procesal penal se funda, como todos los europeos de nuestra área cultural, en el principio de la identificación de la acusación penal por el hecho, reservando al órgano judicial la aplicación normativa o del derecho, en base a los conocidos brocardos «Damihi factum, et dabo tibi ius» y «iura novit curia»; y así, la fundamental STC 127/1990, de 5 julio, señala que (F. 3.º): «Las exigencias expuestas no suponen que sólo resulte constitucionalmente admisible la redacción descriptiva en la Ley Penal de los supuestos de hecho penalmente ilícitos. Por el contrario, es posible la incorporación al tipo de elementos normativos (STC 62/1982) y es conciliable con los postulados constitucionales la utilización legislativa y aplicación judicial de las llamadas Leyes penales en blanco (STC 122/1987); esto es, de normas penales incompletas en las que la conducta o la consecuencia jurídico-penal no se encuentre agotadoramente prevista en ellas, debiendo acudirse para su integración a otra norma distinta, siempre que se den los siguientes requisitos: que el reenvío normativo sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; que la Ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición y sea satisfecha la exigencia de certeza o, como señala la citada Sentencia 122/1987, se dé la suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma a la que la Ley penal se remite, y resulte de esta forma salvaguardada la función de garantía de tipo con la posibilidad de conocimiento de la actuación penalmente conminada».
La claridad de tal doctrina releva de insistencias fundamentadoras que serían meras reiteraciones para desestimar el motivo.
SEPTIMO.-El motivo octavo se residencia procesalmente en el número 4 del artículo 5 de la LOPJ, en relación con el artículo 24.2 de la CE, por haber resultado infringido el derecho constitucional a la presunción de inocencia. Antes de examinar particularizadamente en motivo conviene también aquí recordar con carácter general que el referido derecho fundamental presenta las siguiente características, indicadas entre muchas en las SSTS 61/1995, de 28 enero, 119/1995, de 6 febrero y 833/1995, de 3 julio: a) El derecho fundamental a la presunción de inocencia es un derecho reaccional y por ello no precisado de un comportamiento activo por parte de su titular. Así resulta del artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 diciembre 1948 (ApNDL 3626) («Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa»); del artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 diciembre 1966, según el cual «toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley»; y del artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Públicas, conforme al cual: «toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada». De tales textos resulta la precisión de que la parte acusadora tenga la carga de la prueba de la culpabilidad del acusado y así se declara en la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional (Sentencias, entre muchas, 31/1981, 107/1983, 17/1984, 76/1990, 138/1992, 303/1993, 102/1994 y 34/1996) como de esta Sala (por todas, la reciente STS 473/1996, de 20 mayo) lo que es consecuencia de la norma contenida en el artículo 1251 del Código Civil, al tener la presunción de inocencia la naturaleza de «iuris tantum». b) Su verdadero espacio abarca dos extremos fácticos: la existencia real del ilícito penal y la culpabilidad del acusado, entendido el término «culpabilidad» (y la precisión se hace obligada dada la polisemia del vocablo en lengua española, a diferencia de la inglesa) como sinónimo de intervención o participación en el hecho y no en el sentido normativo de reprochabilidad jurídico-penal (Sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, 9 mayo 1989, 30 septiembre 1993 y 1684/1994, de 30 septiembre). Por ello mismo son ajenos a esta presunción los temas de tipificación (Sentencias del Tribunal Constitucional, entre varias, 195/1993, y las en ella citadas). c) Sólo puede considerarse prueba de signo incriminatorio o de cargo la que reúna las condiciones siguientes: 1) Que sea obtenida sin vulneración de derechos fundamentales, directa o indirectamente, conforme requiere el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2) Que se practique en el plenario o juicio oral o, en los supuestos de prueba anticipada o preconstituida, en la fase de instrucción siempre que sea imposible su reproducción en aquel acto y que se garantice el ejercicio del derecho de defensa y la posibilidad de contradicción (SSTC 76/1990, 138/1992, 303/1993, 102/1994 y 34/1996). d) Supone en trance casacional (o en su caso de amparo constitucional), si se cumplen las anteriores exigencias, la comprobación de que en la causa exista prueba de signo incriminatorio o de cargo que pueda razonablemente ser calificada como suficiente, pero sin posibilidad de proceder en este recurso extraordinario a un nuevo análisis crítico de la prueba practicada, lo que incumbe privativamente al tribunal propiamente sentenciador o de instancia en virtud de lo dispuesto en los artículos 117.3 de la Constitución y 741 de la LECrim; y así lo recuerda una copiosa doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional (Sentencias, entre muchas, 217/1989, de 21 diciembre, 82/1992, de 28 mayo, 323/1993, de 8 noviembre y 36/1996, de 12 marzo) y de esta misma Sala (Sentencias del Tribunal Supremo, también entre varias, 2851/1992, de 31 diciembre, 721/1994, de 6 abril, 923/1994, de 7 mayo, 1038/1994, de 20 mayo, 61/1995, de 28 enero, 833/1995, de 3 julio, y 276/1996, de 2 abril).En virtud
de tal doctrina procede la desestimación del motivo por cuanto en el acto del juicio oral existe suficiente prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia del recurrente, como se ve por la propia argumentación del recurrente en este motivo, que quiere desvirtuar el sentido de esas pruebas, en un debate que sería propio de un recurso de apelación, pero nunca de un recurso de casación, por lo que al existir más que ese mínimo de actividad probatoria, suficiente y legítima, y además siendo doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que los análisis y pericial de organismos oficiales, pueden servir de prueba para condenar y destruir la presunción de inocencia, a no ser que la parte que le perjudique los contradiga e impugne en el momento oportuno, con resultado satisfactorio, es por lo que el motivo debe ser desestimado, ya que tampoco el ámbito de la presunción de inocencia, alcanza al examen de la calificación jurídica del tipo, y el recurrente lo que plantea en este motivo es una consideración ahora en su conjunto, de todos los motivos que ya ha ido articulando en su escrito.
OCTAVO.-El motivo noveno tiene también sede procesal en el citado artículo 5.4 de la LOPJ y alega una pretendida vulneración del principio acusatorio, y, en consecuencia, del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 24.1 de la CE; en cuanto estima que se produce tal vulneración por la imposición de la pena de dieciséis días de arresto sustitutorio para el caso de impago de la multa impuesta de nueve millones quinientas mil pesetas. El motivo carece de todo fundamento y como tal debe ser desestimado. La responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago de multa que establece el artículo 91 del anterior Código Penal es una responsabilidad que fluye «ex lege» precisamente por tal carácter subsidiario, y por ello su imposición, aun cuando no hubiese sido solicitada en forma expresa por la acusación, no genera vulneración alguna del principio acusatorio; aparte que (antecedente fáctico tercero de la sentencia recurrida) tal pena sustitutoria fue expresamente solicitada por la acusación particular. Consecuentemente, y sin precisión de insistencias fundamentadoras que serían meras reiteraciones procede, como ya se señaló, la desestimación del motivo.
NOVENO.-El motivo décimo del recurso se articula en sede procesal en el número primero del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida en la sentencia recurrida de la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 11 mayo 1988, de adecuación en materia de calidad de aguas superficiales de la normativa española a las Directivas de la CEE, y en relación con las demás normas reglamentarias en que se apoya la sentencia recurrida, concretamente el Reglamento Técnico Sanitario para el Abastecimiento de Aguas Potables de 18 junio 1982 y el artículo 294 y la Tabla III del Anexo IV del Reglamento de Dominio Publico Hidráulico, en relación a su vez con el artículo 347 bis del Código Penal, y con correlativa falta de aplicación de la Disposición Derogatoria del Real Decreto 1138/1990, de 14 septiembre, dados los HECHOS declarados probados en aquélla.
Para desestimar el motivo bastará con tener en cuenta lo que se expone en el fundamento jurídico de esta sentencia en orden a las llamadas «leyes penales en blanco»; en tanto que la misma doctrina que sirvió en aquel momento para rechazar una pretendida vulneración del principio acusatorio sirve también ahora para desestimar la sedicente vulneración de preceptos sustantivos que se pretende existente en este motivo.
DECIMO.-El motivo undécimo es también por infracción de ley y con la misma sede procesal del artículo 849.1.º de la LECrim denuncia la vulneración por supuesta aplicación indebida del precepto penal sustantivo constituido por el artículo 347 bis, párrafo segundo, del anterior Código Penal.
El motivo debe ser desestimado. El artículo 45.1 de la CE prevé el derecho de todos los ciudadanos a «disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona», estableciendo, al propio tiempo, el «deber de conservarlo». Para la consecución de dicho objetivo el citado precepto remite de una parte, a la obligación que en esta línea atañe a los poderes públicos, relativa a velar «por la utilización racional de todos los recursos naturales», apoyándose para ello en «la indispensable solidaridad colectiva» (art. 42.2 CE), y de otra, determina el establecimiento de «sanciones penales o, en su caso administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado» (art. 45.3 CE); medidas éstas dirigidas a quien viole lo dispuesto en el apartado anterior.
Como puede comprobarse, fue nuestra propia Ley Fundamental la que, en su día, instituyera la necesidad de reacción por parte del ordenamiento penal frente a los atentados más graves -en consonancia con el respeto al principio de intervención mínima- a ese interés digno de tutela que es el medio ambiente, pese a que la voluntad del constituyente no se viera en este sentido satisfecha hasta mucho tiempo después, concretamente hasta la reforma penal de 25 de junio de 1983, que por fin introdujo en el texto punitivo un precepto -el del art. 347 bis- encaminado a incriminar determinadas conductas atentatorias a dicho bien jurídico. La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica que desarrolló la mencionada reforma, justificó la creación de ese precepto en los siguientes términos: «La protección jurídico-penal del medio ambiente, a pesar del rango constitucional que este bien de todos tiene, era prácticamente nula. La urgencia del tema viene dada por lo irreversible que resultan frecuentemente los daños causados. Sin duda, unos preceptos penales no han de poder por Sí solos lograr la desaparición de toda industria o actividad nociva para personas o medio ambiente; pero también es evidente que cualquier política tendente a introducir rigurosidad en ese problema requiere el auxilio coercitivo de la Ley Penal».
En efecto, como el propio legislador penal señalara entonces, la protección del entorno ambiental desde la perspectiva del ordenamiento punitivo era casi inexistente, con la salvedad de ciertos preceptos que de forma aislada y fragmentaria sancionaban comportamientos de esta índole, cual era el caso, entre otros, de los arts. 558.3 (causación de daños mediante el empleo de sustancias venenosas o corrosivas) y 596 (quema de rastrojos con infracción de reglamentos y bandos), hoy aún vigentes.
En la narración histórica de la sentencia recurrida, que es forzoso respetar (art. 884.3.º de la LECrim) dada la vía impugnativa elegida en el motivo, se contienen todos los presupuestos necesarios para la aplicación del tipo agravado previsto en el art. 347 bis citado. La conducta del acusado consistió en el incumplimiento total de todas las condiciones impuestas por la autorización provisional. Consta asimismo la existencia de varios requerimientos por parte de la Administración pública desatendidos por aquél; y la gravedad de tales vulneraciones y omisiones determina la precisión de estimar existente el principio de intervención mínima propio del derecho penal frente a la sanción administrativa. Como señala la muy reciente STC 199/1996, de 3 diciembre; «en este sentido debemos señalar que el llamado Derecho penal del medio ambiente constituye la respuesta primaria o básica del ordenamiento jurídico a las más graves vulneraciones del equilibrio de la naturaleza, sin perjuicio del importante papel que en este orden de cosas desempeña el Derecho administrativo sancionador»; doctrina asimismo señalada en las SSTS 735/1992, de 11 marzo, 2142/1993, de 5 octubre, y 301/1995, de 3 abril. Procede por ello la desestimación de este motivo.
UNDECIMO.-El motivo duodécimo tiene la misma sede procesal que los anteriores y alega igualmente la vulneración del artículo 347 bis citado, esta vez en relación con el precepto penal sustantivo constituido por el artículo 69 bis del CP. El motivo carece de la más mínima consistencia suasoria y por ello debe ser desestimado al igual que en su día pudo, y aun debió, ser inadmitido en aplicación del artículo 885.1.º de la LECrim. La referencia que hace la sentencia recurrida al indicado artículo 347 bis es puramente una cita, pero en realidad no aplica dicha norma ni exaspera con arreglo a ella la punición del tipo de injusto. Por ello el motivo carece de gravamen y debe, en consecuencia, ser desestimado.
DUODECIMO.-El motivo décimo tercero es, asimismo, por infracción de ley, al amparo del número 2 del artículo 849 de la LECrim, por error en la apreciación de la prueba resultante de documentos, consistente fundamentalmente en RESOLUCIÓN de la Junta de Sanejament de Departament de Medi Ambient de la Generalitad de Catalunya de 1 febrero 1993, obrantes en autos y no contradicho por otros elementos probatorios.
El motivo debe ser desestimado. La propia sentencia recurrida parte en su fundamentación jurídica de que existió una autorización provisional expedida en fecha 4 de octubre de 1984, sujeta a unas condiciones, que el acusado siempre incumplió de forma sistemática, lo que dio lugar a la caducidad de la referida autorización de vertido, como consta así por el informe de fecha 1 de febrero de 1993, citado por el recurrente, que lejos de demostrar el error del juzgador lo que demuestra es su acierto. Y es precisamente tal incumplimiento el que dio lugar a la caducidad de la indicada autorización lo que constituye el núcleo de existencia del tipo de injusto aplicado conforme se desprende de lo razonado en los precedentes FUNDAMENTOS JURÍDICOS de esta RESOLUCIÓN.
DECIMOTERCERO.-El motivo décimo cuarto es también por infracción de ley, al amparo del número 1 del artículo 849 de la LECrim por indebida aplicación en la sentencia recurrida de los artículos 19, 101, 103 y 104 y concordantes del Código Penal, en relación con su artículo 347 bis, dados los HECHOS declarados probados. También este motivo debe ser desestimado. La sentencia recurrida condena por vía de responsabilidad civil al acusado a indemnizar al Grup de Defensa del Ter en las cantidades que debidamente se acrediten en período de ejecución de sentencia para la reparación de los daños causados al Río Sorreig, restitución del mismo a su anterior estado de vida y a las cantidades que se acrediten como indemnización de daños y perjuicios; y esta declaración tiene perfecta cabida dentro del marco de las denominadas en el derecho procesal civil alemán «sentencia-base» y que se recogen en el artículo 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española complementada por las disposiciones de dicha Ley que regulan el incidente para la fijación cuantitativa de los daños y perjuicios en trámite de ejecución de sentencia.
DECIMOCUARTO.-En la misma sede procesal que los anteriores se articula este motivo décimoquinto y último del recurso propiamente dicho que alega la vulneración del artículo 347 bis en relación con el artículo 76 del mismo Cuerpo Legal. El motivo debe ser estimado, el párrafo segundo del tantas veces citado artículo 347 bis del Código Penal de 1973 autoriza para agravar la pena a grado superior y como quiera que la pena de multa fijada normativamente al tipo base es la de cinco millones de pesetas, es obvio que con arreglo a dicho artículo 76 la pena máxima de multa imponible sería la de siete millones quinientas mil pesetas y no la de nueve millones quinientas mil pesetas impuesta; sin que pudiera llegarse a dicha cifra como estimó el Ministerio Fiscal al evacuar el trámite de instrucción para el caso de que se estimara el recurso de dicho Ministerio que postula también la aplicación de la agravación específica del párrafo tercero de dicho artículo 347 bis ya que la exasperación punitiva como se desprende de la STS 30 noviembre 1990, funciona cuando concurriere cualquiera de ambas agravaciones específicas pero sin que la concurrencia de ambas permita proceder a una nueva exasperación de la penalidad; sirviendo también de argumento hermenéutico para tal solución el CONTENIDO del artículo 326 del nuevo Código Penal expresivo de que se impondrá la pena superior en grado cuando en la comisión de cualquiera de los HECHOS descritos en el artículo anterior concurra alguna de las circunstancias siguientes, circunstancias entre las que se hallan la a) (igual al párrafo segundo anterior) y la e) (equivalente al aludido párrafo tercero anterior) sin que la concurrencia de más de una circunstancia permita una agravación de mayor entidad que en el caso de concurrir una sola de ellas.
B) Adaptación del recurso al nuevo Código Penal.
DECIMOQUINTO.-Como motivo décimosexto el recurrente, haciendo uso del traslado que se le dio para evacuar el trámite previsto en la Disposición Transitoria Novena, c) de la LO 10/1995, de 23 noviembre, alega al amparo del tantas veces citado artículo 849.1.º de la LECrim la vulneración de los artículos 331 y 328 del nuevo Código Penal alegando que en los HECHOS debieron haber sido estimados como la infracción culposa y no dolosa. Esta adaptación debe ser desestimada por aplicación del artículo 884.3.º de la LECrim, pues la narración histórica contiene todos los elementos precisos para que se estime existente el tipo doloso; sin perjuicio de que en fase de ejecución y previos los oportunos trámites se determine por la Audiencia de origen si la nueva penalidad es o no más beneficiosa para el reo que la contenida en el anterior Código Penal.
DECIMOSEXTO.-También por la misma vía procesal se pretende la aplicación del artículo 331 en relación con el 325 del nuevo Código Penal; procediendo igualmente la desestimación del motivo en los mismos términos, pues parte del inaceptable supuesto de existencia de una conducta culposa que ya se rechazó como inexistente en el fundamento jurídico que antecede.
DECIMOSEPTIMO.-Igual suerte desestimatoria han de tener los motivos décimooctavo y décimonoveno de adaptación del recurso al nuevo Código Penal, ambos procesalmente residenciados en el repetido artículo 849 de la LECrim y que respectivamente pretenden la inaplicación del artículo 326, b) del nuevo Código Penal, que en realidad se corresponde con el párrafo segundo del artículo 347 bis del CP vigente al cometerse los HECHOS; y el segundo porque el artículo 74.1 del nuevo Código Penal, que es correspondiente en lo esencial al antiguo artículo 69 bis, no fue realmente aplicado en la sentencia recurrida según lo que anteriormente se señaló.
II) Recurso del Ministerio Fiscal.
DECIMOCTAVO.-El motivo único del recurso del Ministerio Fiscal es por infracción de ley al amparo del artículo 849 número 1 de la LECrim, por no aplicación por la sentencia de instancia del subtipo agravado de originación de un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico para el medio ambiente, previsto y penado en el párrafo tercero del artículo 347 bis del Código Penal.

RESOLUCIÓN

El recurso debería ser estimado. Sin embargo, como se razonó en el fundamento décimocuarto de esta Sentencia, ningún valor práctico tendría tal estimación ni alteraría el CONTENIDO de la parte dispositiva de la sentencia recurrida y en tales condiciones es obvio que procede aplicar la doctrina del Tribunal Constitucional en orden a la irrelevancia de los errores secundarios en la motivación; y así como señala la STC 44/1987, de 9 abril «carecería así de sentido la concesión de un amparo que se limitara a anular una parte de la motivación de la sentencia y mantuviera en su integridad el FALLO. Pero también carecería de sentido anular totalmente una sentencia, incluido el FALLO, con el único objeto de que el órgano judicial dictara una nueva sentencia en la que confirmara el FALLO, pero corrigiera posibles desaciertos en la redacción de su fundamentación»; y en la más reciente STC 124/1993, de 19 abril, que «los errores cometidos en la fundamentación jurídica de las resoluciones judiciales sólo tienen trascendencia constitucional en cuanto sean determinantes de la decisión adoptada, esto es, cuando constituyan el soporte único o básico de la RESOLUCIÓN, de modo que, constatada su existencia, la fundamentación jurídica pierda el sentido y alcance que la justificaba y no pueda conocerse cuál hubiese sido el sentido de la RESOLUCIÓN de no haberse incurrido en el mismo»; doctrina también coincidente con la reiterada de esta Sala, representada entre muchísimas por la reciente STS 688/1996, de 15 octubre .