VI.139. TRIBUNAL SUPREMO - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Sala Tercera (Sección 3ª)
Resolución: Sentencia de 9 de febrero de 1998. Recurso
de apelación 2679/1990
Ponente: Oscar González y González
Materia: MINAS: Restauración del espacio afectado.
Fianza.
CONTENIDO
HECHOS
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
RESOLUCIÓN
HECHOS
Recurso de apelación interpuesto apelación por
don José A. V., contra la Sentencia núm. 45/1990,
de fecha 24 enero 1990, sobre depósito de fianza de
restauración de explotación minera, habiendo
comparecido como parte apelada la Generalidad de Cataluña.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.-La primera cuestión que hay que resolver
es la de si el recurso de alzada, interpuesto por don José
A. V. contra resolución del Director General de Política
Territorial de la Generalidad de Cataluña es extemporáneo,
como así se mantiene en la sentencia recurrida. Para
declarar la extemporaneidad se está partiendo de que
la notificación se realizó el 4 de mayo de 1987,
con lo que el plazo de 15 días hábiles que fija
el artículo 122.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
terminaba el 21 siguiente, es decir, un día antes de
la fecha del Registro de entrada del Departamento de Política
Territorial, que figura en el escrito de alzada. Sin embargo,
al haberse acreditado en esta instancia, durante el período
probatorio que al efecto se abrió, que el interesado
impuso en la Oficina de Correos con fecha anterior un certificado
en sobre cerrado, dirigido a dicho Departamento, en él
recibido el día 22 de mayo, y no habiéndose
demostrado la recepción en el mismo de otro distinto
al correspondiente al recurso de alzada, debemos aplicar la
jurisprudencia de esta Sala, contenida en las Sentencias de
27 febrero 1990, 25 noviembre 1996, y las que en ellas se
citan, conforme a la cual «es suficiente la entrega
para certificación en una Oficina de Correos, aunque
se presente el recurso en sobre cerrado, a no ser que se demuestre
que el obrante en el organismo a quien va dirigido, es distinto
de aquel que se dice entregado para su certificación,
y ello con la finalidad de aplicar a los preceptos administrativos
la interpretación antiformalista que caracteriza a
esta jurisdicción para hacer posible procesalmente
el ejercicio de las acciones que asisten al administrado,
liberándole de limitaciones que no tengan su fundamento
en razones que desnaturalicen o alteren los principios rectores
del sistema procesal».
Procede, por tanto, revocar la sentencia recurrida,
así como anular, por contrario a Derecho, el acto que
declaró la extemporaneidad del recurso de alzada. Esto
comporta que debamos examinar la legalidad del acto originario,
dictado por el Director General de Política Territorial
de la Generalidad de Cataluña, en 24 de febrero de
1987, que fijó en 2.870.000 pesetas la fianza que debe
prestarse en garantía de la restauración y protección
del medio ambiente, como consecuencia de la explotación
de la mina denominada «Mary Paz», situada en el
término municipal de Tortosa; fianza que, a juicio
del apelante, no debe superar las 200.000 pesetas.
SEGUNDO.-Debe rechazarse el motivo formal de falta de
audiencia, pues además de que durante la tramitación
del expediente el recurrente ha intervenido en dos ocasiones,
realizando las manifestaciones que estimó oportunas,
también lo hizo en la vía de impugnación
administrativa, pudiendo además en esta jurisdicción,
con plenitud de conocimiento de los antecedentes del caso,
alegar y probar lo que a su derecho mejor conviniere, por
lo que no ha sufrido indefensión, único supuesto
al que debe ligarse una nulidad por falta de audiencia.
A continuación alega que el acto carece de motivación,
falta que se produce, según manifiesta en sus escritos,
por no poder extraerse, del mismo ni del expediente, dato
ni prueba del que se deduzca cuál es la superficie
de la mina «Mary Paz», que se tuvo en cuenta para
fijar la fianza. Esta alegación debe igualmente rechazarse,
pues la resolución se remite en su apartado tercero
al informe del Servicio de Medio Ambiente que se anexa, el
cual en su condición especial primera, dice: «La
superficie de afección de la actividad es la definida
en el documento gráfico adjunto al presente informe,
referido al plano de planta E = 1:2000, entrado en el Registro
de esta Dirección General con fecha 1 de octubre de
1986 y número 23989. La delimitación de esta
superficie es el resultado de la observación, estudio
y comparación de los diferentes planos que obran en
el expediente de referencia». El plano que menciona
es suficientemente expresivo y permite conocer cuál
es la superficie que se ha tenido en cuenta.
TERCERO.-La finalidad del plan de restauración
que debe presentarse al solicitar la autorización de
explotación no es otra que la de recuperar íntegramente
el suelo afectado por las actividades mineras de extracción,
comprendiendo no sólo el que actualmente está
en explotación, sino también el anteriormente
explotado que no tenga plan de restauración (artículo
2.3 y disposición transitoria primera del Decreto 343/1983,
de 15 julio, en la redacción resultante de la corrección
de errores publicada en el DOC núm. 356 de 19 de agosto
de 1983), como se ha preocupado de señalar la Sentencia
de esta Sala de 30 mayo 1997. Pero además, es lógico
que abarque al que en la autorización o concesión
se prevé ha de ser explotado en el futuro, pues de
lo contrario no se cumpliría aquella finalidad. Es
ésa la superficie que se recoge en el plano adjunto
al informe del Servicio de Medio Ambiente, al que se hizo
referencia con anterioridad, que comprende el área
explotada, en explotación y a explotar hasta 1991,
y conforme a la cual se fijó la fianza.
La prueba practicada en autos, a propuesta del recurrente,
se llevó a efecto por un Ingeniero Técnico en
Topografía y en ella se acompañó un plano
designado con el número 2, que se corresponde con el
que se tuvo en cuenta por el Servicio de Medio Ambiente. Su
superficie coincide con la grafiada en el plano (también
unido al dictamen con el núm. 7) en verde y rojo. De
los datos que aporta el perito puede deducirse sin dificultad
-40.960 m dentro de la zona del vertedero, 24.300 m dentro
en parte de zona a explotar y una tercera parte (9.333 m aproximadamente)
de la grafiada en rojo-, que la totalidad es casi siete hectáreas
y media. Esta superficie multiplicada por 400.000 pesetas/ha,
que señala como cuantía mínima de la
fianza el artículo 6.3 del Decreto 343/1983, arroja
cifra ligeramente superior a las 2.800.000 pesetas que se
señalan para la fianza por la Administración.
De la zona a que se ha hecho referencia no se puede excluir
la segregada para vertedero, pues su rehabilitación
corresponde al titular de la explotación minera, conforme
se especifica en la cláusula 6.ª de las condiciones
especiales de la autorización, hasta que la Mancomunidad
Intermunicipal de Baix Ebre asuma la restauración del
vertedero. Es natural que así sea, pues las relaciones
privadas que puedan existir entre ambos sujetos, no debe condicionar
que se hagan desaparecer en el futuro los daños medioambientales
derivados de la excavaciones en la mina.
CUARTO.-Con fundamento, en el artículo 8.2 de
la Ley 12/1981, conforme al cual la cuantía de la fianza
se fijará en función de la superficie afectada
por la restauración, por el coste global de la restauración
o por ambos aspectos conjuntamente, pretende el recurrente
que se acuda al criterio del coste y no al de la superficie
que, a su juicio, es prevalente. No hay constancia de que
la fianza fijada con arreglo al criterio de la superficie
sea mayor que la que resultaría de aplicar el del coste;
sin que esto se contradiga con la prueba practicada a instancia
del recurrente, que opera sólo sobre la superficie
en explotación, olvidándose del resto del terreno
a que antes se hizo referencia. Debe rechazarse, por tanto,
su pretensión en este sentido.
QUINTO.-Sí se debe estimar la rebaja del 50%
de la fianza establecida, de conformidad con lo dispuesto
en las Disposiciones Transitorias 2.ª y 3.ª de la
Ley 12/1981 y del Decreto 343/1983, respectivamente, que establece
dicha reducción para actividades extractivas, como
la de autos, situadas fuera del territorio definido en el
artículo 2 y 1 de la Ley y Decreto citados; así
lo han entendido las Sentencias de esta Sala de 25 noviembre
1996 y 30 mayo 1997.
SEXTO.-No concurren ninguna de las circunstancias previstas
en el artículo 131 de la Ley Jurisdiccional para una
expresa condena en costas.
RESOLUCIÓN
PRIMERO.-Que estimamos el recurso de apelación
interpuesto por la representación procesal de don José
A. V., contra la Sentencia de la Sección Tercera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, de fecha 24 enero 1990, recaída
en el Recurso núm. 1499/1987, debiendo revocar dicha
sentencia.
SEGUNDO.-Que estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo
formulado por la representación de don José
A. V. y, en consecuencia, anulamos, por contraria a Derecho,
la Resolución del Consejero de Política Territorial
y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña
de 2 julio 1987; y anulamos en parte la del Director de Política
Territorial de 22 de febrero de 1987, en cuanto no rebaja
del importe total de la fianza su 50%; desestimando el resto
de las pretensiones de la demanda.
