VI. 123.- TRIBUNAL SUPREMO. CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO.
Sala Tercera (Sección 5ª).
Resolución: Sentencia de 14 de mayo de 1997.
Recurso de Apelación núm. 12221/1991
Ponente: D. Pedro José Yagüe Gil.
Materia: CORPORACIONES LOCALES: Licencia de obras. Clausura
de actividad. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: Suelo no
urbanizable.
CONTENIDO
HECHOS
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
RESOLUCIÓN
HECHOS
Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra Acuerdos
de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Oliva
(Valencia) de 9-12-1986 y 7-4-1987, sobre denegación
de licencia y orden de demolición de obras realizadas
en la partida de «Bovar», en dicho término
municipal, fue desestimado por Sentencia de la Sección
Segunda de la Sala correspondiente del TSJ de la Comunidad
Valenciana de 3-9-1991.
Interpuesto recurso de apelación, el TS lo desestima,
confirmando la sentencia apelada.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.-Se impugna en este recurso de apelación
la Sentencia que la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
dictó en fecha 3 septiembre 1991, y en su Recurso núm.
1037/1987, por medio de la cual se desestimó el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor
C. G., en nombre y representación de don Salvador E.
P., contra el acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno
del Ayuntamiento de Oliva (Valencia) de fecha 9 de diciembre
de 1986 (confirmado en reposición por el de 7 de abril
de 1987), por el cual se ordenó la demolición
de las obras realizadas por el actor en la partida del Bovar,
polígono 17, parcelas 95, 96, 97 y 93 del plano catastral,
y se acordó impedir definitivamente los usos a los
que aquéllas dieran lugar y en concreto la actividad
de secadero y tratamiento de desperdicios de naranjas, con
apercibimiento de ejecución subsidiaria, así
como contra la Resolución del Alcalde de dicho Ayuntamiento
de fecha 3 febrero 1987 por la que se ordenó el cese
de la actividad y la clausura del local donde se ejercía,
con apercibimiento de ejecución subsidiaria.
SEGUNDO.-La sentencia de instancia, pese a admitir que
podría desestimar el recurso con sólo constatar
que el actor dejó firme y consentido el Acuerdo de
la Comisión Municipal Permanente de fecha 21 enero
1985, que le denegó la licencia solicitada, entra sin
embargo en los motivos de impugnación esgrimidos en
la demanda, y desestima el recurso contencioso-administrativo
con base en dos argumentos fundamentales, cuales son, en primer
lugar, que no pudo adquirirse la licencia por silencio positivo
por no tratarse de una obra menor, y por ser su otorgamiento
contrario a las determinaciones del Plan, que no permite en
tal suelo el uso pretendido.
TERCERO.-Contra tal sentencia ha interpuesto el demandante
recurso de apelación, que debe ser desestimado, por
no ser atendibles los argumentos impugnatorios que se esgrimen
en esta segunda instancia.
CUARTO.-Son cuatro los argumentos que expone el apelante:
1) En el primero insiste en que la licencia fue obtenido por
silencio positivo, por constituir las obras solicitadas una
obra menor; desde luego, «una balsa de una longitud
de 50 m, de un anchura de 30 m y de una altura de 1,60 m con
destino a almacenar naranjas en estado de putrefacción
o secado para pienso de ganado» (así se describió
por el solicitante), no es una obra menor, pues exige cálculos
técnicos, tal como dice el señor Ingeniero Municipal
en el acta notarial de fecha 18 de enero de 1990. Pero, además,
la obra misma (no sólo el uso) es contraria al Plan,
pues, según el artículo 278.2 de las Normas
Urbanísticas, en el suelo no urbanizable protegido
no se autoriza todo aquello que «implique transformación
de su destino o naturaleza o lesione el valor específico
del medio natural», de suerte que la ilegalidad de lo
solicitado impidió la producción del silencio
positivo (artículo 178.3 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo de 9 abril 1976). 2) El segundo argumento es
el de que la actividad pretendida es compatible con el medio
no urbanizable. Tampoco ello es cierto. Lo que el señor
E. solicitó fue la construcción de una balsa
«para almacenar naranjas en estado de putrefacción
o secado para pienso de ganado», y cualquiera de las
dos cosas no corresponde a la utilización normal y
natural del suelo no urbanizable. 3) El tercer argumento consiste
en la alegación de que no existe prueba de que los
residuos de la naranja causen perjuicios al medio natural.
Pero el Perito judicial señor N. B. dijo justamente
lo contrario, a saber que el agua tiene niveles de insalubridad
que la hacen peligrosa para el entorno; tal dictamen, aun
prestado de forma oral ante el señor Magistrado Ponente,
tiene la fuerza de convicción que se deriva de la imparcialidad
del Perito, nombrado por insaculación. 4) Finalmente,
la parte apelante dice que el acto recurrido no ha decretado
la demolición, por lo cual la sentencia de instancia
se ha extralimitado al hacer decir al acto impugnado lo que
no dice. Esta alegación es incomprensible: en el segundo
fundamento de Derecho de la demanda la parte dijo literalmente
que impugnaba «el acuerdo de la Comisión de Gobierno
de 1986 ordenando la demolición de las obras».
Así que no hay extralimitación alguna de la
Sala de instancia, sino un lamentable descuido del apelante
en sus alegaciones de esta segunda instancia.
QUINTO.-No existen razones que aconsejen una condena
en costas.
RESOLUCIÓN
el TS lo desestima confirmando la sentencia apelada.
