necesarias para evitar la

exposición de trabajadoras

embarazadas a cualquier

tipo de riesgo para la

seguridad o salud o una

posible repercusión sobre el

embarazo o la lactancia.

En caso de que la

adaptación de las

condiciones o del tiempo de

trabajo no sea posible la

trabajadora deberá

desempeñar un puesto de

trabajo o función diferente

y compatible con su

estado. (Ley 31/95).