Capítulo IV
Instalación, puesta en servicio y mantenimiento.
Artículo 17
1. La instalación en los establecimientos y zonas de uso industrial de los aparatos, equipos, y sistemas incluidos en este Reglamento requerirá, cuando así se especifique, la presentación de un proyecto o documentación, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma.
El citado proyecto o documentación será redactado y firmado por técnico titulado competente, debiendo indicar los aparatos, equipos, y sistemas o sus componentes sujetos a marca de conformidad.
El procedimiento que deberá seguirse, salvo que específicamente se disponga otra cosa, será el establecido en el Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, sobre liberalización industrial y en la Orden de 19 de diciembre de 1980, que establece las normas de procedimiento y desarrollo de dicho Real Decreto.
2. Los edificios a los que sea de aplicación la Norma Básica de la Edificación "Condiciones de protección contra incendios en los edificios", NBE-CPI-91, las instalaciones de protección contra incendios, en los aspectos contemplados en el apartado 1 anterior, atendrán a lo dispuesto en la misma.
Artículo 18.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones a las que se refiere el articulo anterior se hará de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 235/1980, no precisando otro requisito que la presentación, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, de un certificado de la empresa instaladora visado por un técnico titulado competente designado por la misma.
Artículo 19.
Los aparatos equipos, sistemas y sus componentes sujetos a este Reglamento se someterán a las revisiones de conservación que se establecen en el apéndice II, en el cual se determina, en cada caso, el tiempo máximo que podrán transcurrir entre dos revisiones o inspecciones consecutivas.
Las actas de estas revisiones, firmadas por el Técnico que ha procedido a las mismas, estarán a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma al menos durante cinco años a partir de la fecha de expedición